_El diputado provincial presentó un proyecto de resolución, que tomó Estado Parlamentario en la última sesión de la Cámara baja. Solicita precisiones sobre la situación del Centro Juvenil Santa Rosa, la infraestructura disponible, los equipos especializados y el presupuesto necesario para aplicar la Ley Nacional N° 27.801. También exige conocer el origen y la disponibilidad efectiva de los fondos para afrontar la reforma._
El dirigente del espacio GENERAR, Mamerto Acuña, presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que informe sobre las condiciones institucionales, operativas y presupuestarias necesarias para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional N° 27.801. La iniciativa tomó estado parlamentario en la última sesión de la Cámara de Diputados y busca determinar con qué recursos cuenta la provincia para cumplir con las nuevas obligaciones legales y garantizar los derechos de los adolescentes y de las víctimas.
En los fundamentos, Acuña señaló que la entrada en vigencia del nuevo régimen exige conocer no solo los avances en la adecuación normativa provincial, sino también las condiciones reales para su aplicación. En ese sentido, recordó que la cuestión procesal fue abordada mediante el Expediente N° 595/2026, vinculado con la Ley Provincial N° 5544, pero advirtió que resulta necesario verificar la infraestructura, el personal, los programas disponibles y el financiamiento para poner en funcionamiento el sistema.
Uno de los puntos centrales del pedido, está relacionado con el Centro Juvenil Santa Rosa. El legislador solicita conocer si se encuentra operativo, cuál es su capacidad efectiva, cuántos adolescentes aloja y con qué personal cuenta. En caso de que funcione parcialmente o no esté habilitado, requiere explicaciones sobre las causas, las alternativas de alojamiento y los plazos previstos para su puesta en funcionamiento. Además, pide un relevamiento de los establecimientos destinados a adolescentes, distinguiendo las plazas proyectadas de aquellas que se encuentran habilitadas y efectivamente operativas.
El proyecto también solicita información sobre la cantidad de adolescentes alojados, la evolución de los ingresos y egresos y la eventual utilización de comisarías, alcaidías o establecimientos penitenciarios para adultos desde el 5 de septiembre de 2026. En este último caso, requiere conocer los motivos, la duración de las permanencias y las medidas adoptadas para garantizar la separación de las personas adultas detenidas, sin divulgar datos que permitan identificar a los jóvenes.
Acuña, considera igualmente necesario conocer la disponibilidad de equipos interdisciplinarios, profesionales de la salud y supervisores especializados, así como las capacitaciones realizadas y las medidas previstas para cubrir las vacantes. El pedido alcanza también a los programas de educación, capacitación laboral, salud mental, atención de consumos problemáticos y acompañamiento familiar, además de los dispositivos territoriales para cumplir medidas socioeducativas no privativas de libertad.
Otro aspecto contemplado, es el estado de la infraestructura, las condiciones de habitabilidad, las obras previstas y en ejecución y los protocolos de actuación ante situaciones de urgencia, traslados, requisas, uso de la fuerza y recepción de denuncias. El legislador plantea que la existencia formal de establecimientos o programas no garantiza por sí sola su capacidad de funcionamiento, por lo que considera indispensable contar con información documentada sobre los recursos disponibles y las necesidades pendientes.
En materia presupuestaria, el diputado solicita una estimación del costo inicial y anual de implementación del régimen, con el detalle de los gastos en infraestructura, equipamiento, personal, salud, educación, traslados y programas comunitarios. También requiere conocer las partidas asignadas durante 2026, sus modificaciones y niveles de ejecución, así como las previsiones para 2027 y las medidas contempladas para cubrir la diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades estimadas.
Respecto del financiamiento, Acuña pide informar los recursos solicitados, comprometidos y recibidos, las gestiones pendientes, los convenios celebrados y las fuentes provinciales previstas para cubrir los gastos que no cuenten con financiamiento específico.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá responder dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del requerimiento, con documentación respaldatoria e información individualizada para cada punto. Asimismo, dispone que los datos relativos a niñas, niños y adolescentes sean presentados de manera agregada y anonima.
El objetivo del pedido, es que la adecuación legal esté acompañada por condiciones operativas concretas, mecanismos de control y garantías que permitan cumplir con las obligaciones del Estado en materia de justicia juvenil.
