Alicia Paz pidió explicaciones al gobierno provincial por el déficit de casi $11.200 millones de AGAP

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La diputada provincial presenta un proyecto de resolución para que el Ministerio de Hacienda y Obra Pública informe cómo se generó el déficit, qué recursos se utilizaron para cubrirlo y si el resultado financiero informado incluye obligaciones correspondientes a distintos regímenes previsionales, con fuentes de financiamiento diferenciadas.

La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana, presenta un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados de Catamarca solicitando al Poder Ejecutivo Provincial un informe detallado sobre la situación económica y financiera de la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), luego de que se conociera públicamente un déficit de $11.177 millones acumulado entre enero y septiembre de 2026.

La legisladora señaló que las explicaciones oficiales atribuyan el desequilibrio principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones nacionales, los aumentos salariales provinciales y el crecimiento de la cantidad de beneficiarios, sin presentar información que permita conocer la verdadera composición del déficit.

“No alcanza con responsabilizar a la Nación por la evolución de las jubilaciones. La Provincia creó un régimen complementario precisamente para garantizar la diferencia entre los haberes nacionales y el 82% móvil. Por eso, lo que corresponde es explicar cómo se administraron los recursos, qué previsiones se realizaron y por qué se llegó a esta situación.

Dos regímenes diferentes que no deben confundirse
Uno de los principales cuestionamientos de la diputada está relacionado con la información financiera de los dos regímenes que administra AGAP.

Por un lado, la Ley Provincial 5192 establece una asignación complementaria para jubilados y pensionados anteriores a la transferencia del sistema previsional a la Nación, cuyo financiamiento constituye una obligación asumida por la Provincia.

Por otro, el Decreto Acuerdo 127/2011 creó un régimen complementario que se financia mediante aportes y contribuciones específicos.

“Es fundamental saber si los casi $11.200 millones corresponden realmente al déficit de la caja complementaria o si dentro de esa cifra se están incluyendo obligaciones que debe afrontar el Tesoro Provincial. Son dos regímenes diferentes y la sociedad tiene derecho a conocer cómo se financia cada uno”, señaló.

La legisladora también destacó que los beneficiarios originales de la Ley 5192 pertenecen a un universo previsional anterior a julio de 1995, por lo que resulta esperable que su cantidad disminuya progresivamente por razones demográficas. En ese sentido, solicitó información sobre su evolución y las proyecciones futuras.

Los aumentos salariales también incrementan la recaudación
Paz de la Quintana, puso especial énfasis en otro aspecto de la explicación oficial: los aumentos salariales otorgados a los empleados públicos provinciales.

Al respecto, advirtió que si bien las mejoras salariales pueden incrementar las asignaciones complementarias que paga AGAP, también aumentan los aportes personales y las contribuciones patronales cuando esos incrementos integran la base contributiva.

“No se puede presentar el aumento de los salarios como una causa del déficit sin explicar cuánto aumentó también la recaudación. Hay que mostrar las dos caras de la misma situación y determinar cuál fue el verdadero impacto financiero”, sostuvo.

¿Con qué fondos se cubrió el déficit?
Otro de los interrogantes planteados se refiere al origen de los recursos utilizados para afrontar el desequilibrio.

La información difundida señala que el déficit fue cubierto mediante previsiones financieras del organismo, pero no precisa si se utilizaron ingresos corrientes, reservas acumuladas, inversiones o transferencias del Tesoro Provincial.

Por ello, la diputada solicitó conocer los saldos financieros, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y la situación de los recursos destinados al pago de las asignaciones complementarias.

El proyecto también requiere información sobre los créditos personales e hipotecarios otorgados por AGAP, los estudios actuariales disponibles y las medidas adoptadas para garantizar la sostenibilidad del régimen.

Un pedido de transparencia y responsabilidad
La legisladora recordó que ya había formulado anteriormente pedidos de información y propuestas vinculadas con la administración y sostenibilidad de la caja complementaria.

El nuevo proyecto contempla 31 requerimientos de información y solicita que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, responda en un plazo de diez días hábiles, acompañando documentación contable, presupuestaria y financiera.

“Los trabajadores activos aportan todos los meses y los jubilados dependen de estos recursos para complementar sus ingresos. Estamos hablando de fondos y derechos que requieren una administración responsable, transparente y con previsibilidad”, manifestó.

Finalmente, Paz de la Quintana remarcó que el objetivo de la iniciativa es obtener información que permita conocer la verdadera situación de AGAP y garantizar la protección de los actuales y futuros beneficiarios.

“No buscamos generar incertidumbre entre los jubilados, sino todo lo contrario: queremos certezas. Si existe un déficit de esta magnitud, el Gobierno debe explicar cómo se produjo, qué hizo para prevenirlo y qué medidas adoptará para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales. La transparencia no es una opción, es una responsabilidad del Estado”, concluyó.

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