El Partido Intransigente de Catamarca, manifestó su rotundo rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares que se tramita en el Congreso de la Nación. Desde la fuerza política advierten que esta medida, sumada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), constituye una amenaza directa a las reservas estratégicas de agua de la provincia.
Mediante una declaración oficial, el PI Catamarca sostuvo que la reforma no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia diseñada para favorecer intereses corporativos. “Ya hemos aprendido con experiencias como Bajo la Alumbrera que las promesas de desarrollo suelen terminar en pasivos ambientales sin transformaciones estructurales para nuestra provincia”, señala el documento.
La postura del partido enfatiza que la protección de los glaciares y el ambiente periglacial es un imperativo constitucional. En este sentido, rechazó el argumento de la “autonomía provincial” como motivo para flexibilizar controles, calificándolo de falacia: “Fragmentar este piso de protección nos deja vulnerables frente a capitales globales; una provincia sola no puede negociar de igual a igual con corporaciones transnacionales el recurso más crítico del siglo XXI: el agua dulce”.
Finalmente, la declaración desestima la dicotomía entre desarrollo y ambiente, asegurando que destruir reguladores hídricos esenciales solo profundiza la pobreza a largo plazo al comprometer las economías locales y el consumo humano. “Defender la Ley de Glaciares es defender el derecho al futuro y el patrimonio más valioso que tenemos: el agua”, concluye el comunicado.
Declaración completa
Desde el Partido Intransigente de Catamarca manifestamos nuestro absoluto rechazo al proyecto que busca desmantelar la Ley Nacional de Glaciares, entendiendo que esta reforma no es un hecho aislado sino parte de un engranaje diseñado para favorecer intereses extractivos por sobre la vida. La modificación de esta normativa, en conjunto con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), constituye una embestida planificada que otorga beneficios extraordinarios a las corporaciones y les da prioridad en el uso de agua y energía, incluso en contextos de escasez. Ya hemos aprendido con experiencias como Bajo la Alumbrera que las promesas de desarrollo suelen terminar en pasivos ambientales sin transformaciones estructurales para nuestra provincia.
Sostener que la protección ambiental debe relativizarse en nombre de la “autonomía provincial” es una falacia que solo conduce a la desprotección y a la balcanización de nuestras leyes. El federalismo ambiental, según el artículo 41 de nuestra Constitución, exige que la Nación fije presupuestos mínimos de protección que las provincias deben complementar y fortalecer, nunca perforar. Fragmentar este piso de protección nos deja vulnerables frente a capitales globales; una provincia sola no puede negociar en igualdad de condiciones con corporaciones transnacionales el recurso más crítico del siglo XXI: el agua dulce.
Rechazamos también la simplificación de que “no hay mayor desastre ambiental que la pobreza”, ya que es una falsa dicotomía. Destruir los glaciares y el ambiente periglacial, que funcionan como reguladores hídricos esenciales, no genera riqueza sostenida, sino que profundiza la pobreza a largo plazo al comprometer las economías locales y el consumo humano. La preservación de estos ecosistemas es un imperativo ético y constitucional que trasciende los intereses de mercado. Por todo esto, exigimos el sostenimiento de la Ley 26.639 y reafirmamos que una minería realmente responsable solo es posible si se respetan las fuentes de agua que garantizan el futuro.
