El senador nacional Guillermo Andrada, acompañado por sus pares del bloque Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentó un proyecto de Comunicación que solicita al Poder Ejecutivo Nacional un informe y evaluación detallada sobre la evolución del endeudamiento de los hogares vinculado a créditos de consumo otorgados mediante plataformas digitales, billeteras virtuales y proveedores no financieros de crédito.
La iniciativa, que solicita todas estas precisiones al Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los organismos competentes, surge en un contexto de incremento sostenido del endeudamiento familiar y un deterioro en la capacidad de pago, explicó el legislador.
*Datos que alertan*
Según datos oficiales del BCRA correspondientes a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7 por ciento, mientras que la mora de las familias llegó al 11,5 por ciento, ubicándose significativamente por encima de la mora empresaria.
A su vez, informes de la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) señalan que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país, y para unas 2,3 millones de ellas estas plataformas representan su único canal formal de acceso al financiamiento.
Sin embargo, este crecimiento muestra un fuerte impacto en la morosidad: la mora operativa de las carteras fintech alcanzó niveles cercanos al 22,7 por ciento, mientras que la mora total se ubicó en torno al 30,5 por ciento hacia comienzos de 2026.
*Endeudarse para el día a día*
Andrada advirtió que “en numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales, como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres, o para cancelar obligaciones previas”, y aclaró que “esto genera ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.
A través de este proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo que precise si dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos; qué información posee sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas; y qué medidas regulatorias, de supervisión y de protección al consumidor se encuentran vigentes o en evaluación para promover prácticas de crédito responsable y prevenir el sobreendeudamiento de personas humanas.
“Para que quede claro, no estamos proponiendo restricciones al crédito digital ni cuestionando el desarrollo de la innovación financiera”, aclaró el legislador catamarqueño, y subrayó: “estamos intentando contribuir a que dicho desarrollo se produzca sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de consumidores y usuarios y con la estabilidad económica de los hogares”.
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