En la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados, presidida por Paola Fedeli, otorgó media sanción a cuatro proyectos de ley destinados a fortalecer la salud pública, ampliar derechos, proteger a los sectores más vulnerables y jerarquizar el ejercicio profesional. Las iniciativas aprobadas crean un programa de salud bucal con atención móvil para personas sin cobertura sanitaria, especialmente en el interior provincial; establecen un régimen de protección para usuarios vulnerables del servicio eléctrico; disponen la adhesión a la denominada Ley Johanna sobre muerte perinatal; y crean el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales.
*Móviles de atención en salud bucal*
El primer proyecto aprobado con media sanción fue el impulsado por el diputado Juan Carlos Ledesma (FT), que crea el Programa de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles, destinado a garantizar atención odontológica integral en todo el territorio provincial, especialmente en comunidades alejadas y personas sin cobertura de salud.
Como miembro informante, Ledesma sostuvo que la iniciativa busca “garantizar el acceso a servicios odontológicos de calidad para la población más vulnerable y de escasos recursos” y definió el proyecto como “un acto de equidad y de justicia social”. Explicó que los consultorios móviles permitirán llegar “a comunidades de muy difícil acceso” y remarcó que el programa no se limita a tratamientos, sino que incorpora acciones preventivas mediante la coordinación entre el sistema de salud provincial y los municipios. El legislador señaló además que la falta de atención odontológica afecta la calidad de vida de muchas personas. “Muchos niños, adolescentes y adultos hasta se esconden para sonreír porque no tienen acceso a la salud bucal”, expresó.
Desde la oposición, Luis Fadel (UCR) adelantó el acompañamiento de su bloque y destacó el carácter social de la propuesta. “El espíritu del proyecto es llegar a los sectores más vulnerables”, afirmó, al tiempo que recordó experiencias similares desarrolladas durante anteriores gestiones provinciales. En cambio, Carlos Aibar Quintar (LLA) cuestionó la necesidad de crear una ley para implementar el programa y sostuvo que “cuando hay voluntad política no hace falta ningún proyecto de ley”. También defendió las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de asistencia territorial y consideró que la iniciativa representa un “exceso regulatorio”.
Durante el cierre del debate, Ledesma respondió a las críticas y aseguró que la propuesta “habla de dignidad” para quienes hoy no pueden acceder a estos tratamientos. Además, aclaró que la implementación no implicará la creación de nuevas estructuras administrativas. “No va a generar ni un solo gasto adicional; se financiará con el presupuesto que ya tiene la provincia”, afirmó. Por su parte, Tiago Puente (Generar) manifestó que acompañaría el proyecto aunque sostuvo que “podría ser mejor” y consideró que el programa podría implementarse sin necesidad de una ley, solicitando que el Ministerio de Salud lo ponga en marcha cuanto antes.
*Evitar cortes de energía a usuarios vulnerables*
El segundo proyecto aprobado con media sanción fue el presentado por el diputado Nicolás Zavaleta (FT), que establece un procedimiento de evaluación socioeconómica previo a la suspensión del suministro eléctrico por falta de pago para usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad. Al fundamentar la propuesta, Zavaleta señaló que el fuerte incremento de las tarifas energéticas ha generado una situación crítica para numerosas familias. “Nunca vi el nivel de preocupación y de zozobra que hoy genera el costo de la boleta de energía”, afirmó.
El legislador explicó que el objetivo no es eximir del pago del servicio, sino impedir que el corte sea la primera medida. “Este proyecto no implica que la gente no pague la luz; establece que antes se evalúe su situación socioeconómica y se busquen todas las alternativas posibles para evitar la interrupción del servicio”, indicó. Asimismo, cuestionó la política tarifaria nacional y sostuvo que “la energía aumentó un 1.200%” tras las medidas de desregulación implementadas por el Gobierno nacional.
Desde el PRO, Natalia Saseta destacó el objetivo social de la iniciativa, aunque planteó observaciones técnicas y jurídicas. Consideró necesario precisar quién realizará los informes socioeconómicos, fijar plazos y definir con mayor claridad el concepto de usuario vulnerable. “Si el Estado crea esta obligación, también debería prever cómo se financia el costo que implica para la distribuidora”, advirtió.
En una línea similar, Gustavo Pérez Díaz (LLA) coincidió con el espíritu del proyecto, pero cuestionó la falta de una definición precisa sobre quién será considerado usuario vulnerable. A su entender, esa omisión “puede hacer fracasar la ley” al generar dificultades en su aplicación.
En defensa de la iniciativa, Natalia Ponferrada (FT) sostuvo que la medida responde a una realidad que los legisladores observan diariamente en el territorio. Además, señaló que gran parte del valor de las facturas corresponde a decisiones adoptadas por la administración nacional. “Debemos ser serios al momento de analizar qué compone una factura de energía”, expresó. Desde el MID, Fernando Baigorrí también acompañó el proyecto y sostuvo que evitar la pérdida del servicio puede impedir situaciones de mayor vulnerabilidad. “Muchas familias, cuando quedan sin energía, terminan recurriendo a conexiones ilegales con consecuencias que incluso han costado vidas”, señaló.
A su turno, Fadel ratificó el acompañamiento de la UCR y resumió el objetivo de la propuesta al señalar que “el espíritu es paliar la situación que atraviesan muchas familias que necesitan imperiosamente el suministro eléctrico”. Durante el tratamiento en particular, Saseta informó las modificaciones consensuadas al articulado, entre ellas una definición más precisa de usuario energéticamente vulnerable, la incorporación de criterios objetivos para determinar esa condición y la obligación de reconectar el servicio dentro de las 24 horas cuando corresponda.
Tras incorporarse esas modificaciones, la iniciativa obtuvo media sanción por mayoría en votación nominal, con 28 votos afirmativos, 9 negativos y 4 ausentes.
*Colegio Profesional de Trabajadores Sociales*
Durante la sesión también recibió media sanción el proyecto de la diputada Stella Nieva (FT), mediante el cual se deroga la legislación vigente y se crea un nuevo Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. La autora explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con el colegio profesional y busca actualizar una norma que data de 1984. Según señaló, el primer cambio responde a la necesidad de abandonar la denominación “asistentes sociales” para adoptar la de “trabajadores sociales”, reflejando la verdadera dimensión de la profesión.
Nieva afirmó que la nueva legislación “no es una reforma parcial”, sino un nuevo marco normativo acorde a la evolución del trabajo social. Explicó que la profesión actualmente comprende tareas de investigación, planificación, evaluación, asesoramiento, gestión y diseño de políticas públicas, funciones que la ley incorpora expresamente. Destacó que la matrícula obligatoria constituye “una garantía para la sociedad”, ya que asegura que quienes intervienen en áreas sensibles como salud, educación, niñez o vivienda cuenten con la formación necesaria y estén sujetos al control ético profesional.
Finalmente, sostuvo que la nueva normativa “jerarquiza la profesión, fortalece la institución colegial y garantiza una transición ordenada hacia el nuevo régimen”, al tiempo que definió al trabajo social como “una disciplina científica con cuerpo teórico propio y un profundo compromiso con los derechos humanos y la justicia social”.
*Adhesión a la Ley Johanna*
Otra de las iniciativas aprobadas con media sanción fue la presentada por la diputada Alicia Paz de la Quintana (UCR), mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional N.º 27.733, conocida como Ley Johanna, que establece procedimientos médico-asistenciales para el acompañamiento de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. Durante su exposición, Paz sostuvo que la muerte perinatal constituye “uno de los dolores más profundos que una persona puede atravesar” y recordó que durante muchos años este tipo de pérdidas fueron invisibilizadas.
La legisladora explicó que la adhesión garantiza una atención respetuosa, humanizada y con acompañamiento psicológico, además de contemplar tiempos de intimidad, espacios adecuados dentro de los establecimientos de salud y capacitación permanente para el personal sanitario. “No se trata solamente de adherir a una norma nacional, sino de evitar el destrato y la violencia obstétrica, garantizando que ninguna familia vuelva a transitar sola semejante dolor”, expresó.
Desde el bloque Generar, Natalia Herrera adelantó el acompañamiento y destacó la importancia de reconocer institucionalmente estos procesos de duelo. “Como sociedad debemos fortalecer la empatía, la escucha y el acompañamiento”, afirmó, al recordar experiencias personales vividas durante nacimientos en los que otras familias atravesaban pérdidas gestacionales.
Por el Frente de Todos, María Argerich recordó que el tema ya había sido impulsado años atrás por iniciativas parlamentarias anteriores y destacó el trabajo que viene desarrollando la Maternidad Provincial. “Estos son los temas que nos tienen que unir a todos”, sostuvo, al valorar la existencia del denominado “Código Mariposa” y del equipo interdisciplinario que acompaña estos casos.
*Declaración de interés*
En tanto, se aprobó el proyecto presentado por la diputada Natalia Ponferrada (FT) que declara de Interés Parlamentario el IV Encuentro Federal de Docentes de Ciencias Sociales: “Preguntas críticas para la democracia digital. El desafío del pensamiento científico en Ciencias Sociales”, que se desarrollará los días 2 y 3 de julio en San Fernando del Valle de Catamarca.
