El diputado Francisco Monti impulsa un proyecto de resolución para conocer el cumplimiento de la Ley N° 5561, que creó el Registro de Costo Fiscal de los Tributos Provinciales. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo información sobre los ingresos que la Provincia deja de percibir por exenciones, regímenes de promoción y otros tratamientos impositivos diferenciales.
El pedido está dirigido al Ministerio de Hacienda Pública y a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT), y propone un plazo de diez días para la remisión del informe. Entre los puntos centrales, requiere precisar si el registro está constituido y en funcionamiento, qué dependencia lo administra y cuántos contribuyentes se encuentran inscriptos.
Monti también solicita una estimación del costo fiscal de los beneficios tributarios desde 2019 hasta la fecha, discriminada por impuesto, régimen de promoción, actividad económica y departamento. Además, pide la nómina de beneficiarios, los plazos de vigencia de las exenciones y los instrumentos legales mediante los cuales fueron otorgadas.
En los fundamentos, el legislador sostiene que los recursos que el Estado resigna mediante estos beneficios deben ser medidos y evaluados con la misma rigurosidad que los gastos presupuestarios. Señala que esa información resulta necesaria para analizar las políticas de promoción, su impacto en el empleo y el cumplimiento de los objetivos que justificaron su otorgamiento.
El diputado advierte que, a casi ocho años de la sanción de la ley, no consta públicamente su reglamentación, la efectiva constitución del registro ni la presentación de los informes anuales exigidos. Por ello, solicita copias certificadas de la documentación correspondiente a los ejercicios 2019 a 2025 y del acto administrativo que determine el área responsable dentro de ARCAT.
La iniciativa también consulta sobre la aplicación de multas, la creación de la cuenta especial prevista por la norma y la utilización de los datos del registro en la elaboración de los presupuestos provinciales de 2019 a 2026.
En caso de que la ley no haya sido implementada, Monti requiere que el Ejecutivo explique los motivos e informe las medidas y los plazos previstos para cumplirla. El planteo busca aportar información al debate presupuestario y fortalecer el control legislativo sobre los beneficios tributarios.
