El diputado mandato cumplido Alfredo Marchioli sostuvo que la causa por la Tasa de Ocupación del Espacio Aéreo (TOEA) ya se encuentra en condiciones de resolución y afirmó que la Corte de Justicia tiene la oportunidad de poner fin a un cobro que, según el planteo impulsado junto a Fernando Navarro y usuarios del servicio, no corresponde trasladar a los vecinos.
“Presentamos todo ante la Justicia. EC SAPEM no pudo justificar por qué una tasa vinculada a su propia infraestructura termina pagándola el usuario. Ahora la Corte tiene en sus manos terminar con este abuso y reparar una injusticia que afecta a miles de catamarqueños”, afirmó Marchioli.
El dirigente remarcó que se trata de un servicio monopólico, en el que los usuarios no pueden elegir otro prestador y reciben el cargo directamente en una factura que deben pagar para mantener un servicio esencial.
“En una relación tan desigual, el control judicial es fundamental. El vecino no puede elegir otra empresa ni separar este cargo de la factura. Por eso la Justicia tiene hoy la responsabilidad de poner un límite”, sostuvo.
Marchioli recordó además que, durante la causa, surgió la Resolución 124/2025 del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuya validez también fue cuestionada por los amparistas. Según sostienen, ese organismo no es la autoridad de aplicación del contrato de concesión y carece de competencia contractual para autorizar el traslado de la TOEA.
“EC SAPEM no tuvo ni tiene una autorización válida que justifique trasladarle esta tasa al vecino. La TOEA está vinculada a postes, cables e infraestructura de la empresa y debe ser absorbida dentro de sus costos, no cargada al bolsillo de las familias”, planteó Marchioli.
Asimismo, enfatizó en que una eventual sentencia favorable debería contemplar también los importes que ya fueron cobrados a los usuarios.
“No alcanza con dejar de cobrar hacia adelante. Si la Justicia determina que este traslado fue indebido, también corresponde reparar a los usuarios por todo lo que pagaron de más” subrayó.
Finalmente, Marchioli expresó que la resolución representa una oportunidad para que el máximo tribunal provincial se pronuncie sobre la legalidad del cobro y la responsabilidad de la empresa frente a los usuarios.
“La Corte tiene la oportunidad de demostrar su independencia, terminar con este cobro y dejar un mensaje claro: ninguna empresa, por más monopólica que sea, puede trasladar al vecino costos que no le corresponden” cerró Marchioli.
