En su 18ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados que preside Paola Fedeli, avanzó con la aprobación de iniciativas vinculadas a la salud, la protección animal, el desarrollo productivo y la preservación ambiental. Entre los proyectos que contaron con acompañamiento del cuerpo se destacaron la creación de una campaña permanente de concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), una línea telefónica provincial para denunciar situaciones de maltrato animal y un régimen de promoción del Compre Cooperativo. También recibieron sanción definitiva las leyes de Protección Integral de la Salud Mental y de preservación del arbolado histórico de la avenida Presidente Castillo, en Valle Viejo. Por otra parte, no prosperó una propuesta para ampliar los dispositivos de atención y reinserción social de personas en situación de calle.
*Detección temprana del TDL*
Con media sanción, avanzó el proyecto de ley impulsado por la diputada Rosana Pereyra Reynoso (FT), que propone crear una Campaña Permanente de Visibilización y Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL), con el propósito de promover su detección temprana y garantizar un abordaje oportuno en la provincia. Durante la fundamentación, Reynoso explicó que se trata de una condición del neurodesarrollo que puede generar dificultades persistentes en la adquisición y utilización del lenguaje, tanto en la comprensión como en la expresión verbal. Estas dificultades pueden manifestarse en el vocabulario, la construcción de oraciones, la organización del discurso y las habilidades necesarias para comunicarse en la vida cotidiana.
La legisladora advirtió que, pese a su incidencia, el trastorno continúa siendo poco conocido por buena parte de la sociedad. Según los estudios mencionados durante la exposición, afecta aproximadamente al 7% de los niños en edad escolar, es decir, a uno de cada 14. La falta de información, señaló, suele retrasar las consultas profesionales y, en consecuencia, la posibilidad de acceder a intervenciones adecuadas. En ese sentido, remarcó que el lenguaje no constituye solamente una herramienta de comunicación, sino que tiene una incidencia directa en el aprendizaje, la construcción de vínculos, la autoestima y la participación social. Por eso, consideró necesario fortalecer las políticas públicas que permitan informar a las familias y articular acciones entre los sistemas de salud y educación, además de las organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa también establece el 30 de septiembre de cada año como el Día Provincial de Concientización sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, incorporando una jornada destinada a promover actividades de información, sensibilización y discusión sobre esta condición, con especial énfasis en la detección temprana.
*Línea exclusiva para denunciar el maltrato animal*
Por otra parte, recibió media sanción el proyecto de Natalia Herrera (Generar), que establece la creación de una línea telefónica provincial exclusiva para recibir denuncias por maltrato y crueldad animal. La propuesta apunta a centralizar los avisos, facilitar la intervención de las autoridades y coordinar una respuesta rápida ante situaciones que pongan en riesgo la integridad y el bienestar de los animales. Al presentar la iniciativa, Herrera sostuvo que la provincia necesita contar con un canal específico y accesible que permita a la ciudadanía denunciar estos hechos sin tener que recurrir a distintos organismos o desconocer cuál es el ámbito correspondiente para realizar una presentación.
La legisladora recordó que en el ámbito nacional la Ley 14.346 tipifica como delito los actos de maltrato y crueldad contra los animales, mientras que en la provincia existe la Ley 5917, que estableció un régimen de protección animal, creó el registro de rescatistas y proteccionistas de animales domésticos y modificó el Código de Faltas en esta materia. Sin embargo, advirtió que algunas de las herramientas previstas en la legislación provincial todavía no se encuentran operativas. En particular, señaló que el registro de rescatistas y proteccionistas no está en vigencia, lo que limita las posibilidades de avanzar en la organización y el reconocimiento de quienes trabajan en el cuidado de animales.
La nueva línea telefónica permitiría recibir denuncias durante las 24 horas, registrarlas y derivarlas a los organismos competentes, además de facilitar la intervención de la Policía provincial y la coordinación con las autoridades judiciales y los municipios. Herrera consideró que el Ministerio de Seguridad es el ámbito adecuado para instrumentar esta herramienta, por su responsabilidad en la coordinación del sistema de emergencias y de las fuerzas policiales. “Muchos casos de maltrato animal no son denunciados o llegan tarde a las autoridades competentes debido a la inexistencia de un canal específico, accesible y de respuesta rápida”, advirtió la legisladora al fundamentar la necesidad de contar con este mecanismo.
*Promoción del Compre Cooperativo*
Con aprobación por mayoría también avanzó el proyecto presentado por Exequiel Moreno (FT), que establece un Régimen de Promoción del Compre Cooperativo Catamarqueño. La propuesta busca utilizar la capacidad de compra del Estado provincial para generar oportunidades de contratación para las cooperativas locales, fortalecer la producción y sostener fuentes de trabajo en los distintos departamentos. Durante su exposición, Moreno explicó que la iniciativa parte de reconocer las dificultades que enfrentan muchas cooperativas para acceder a las contrataciones públicas, especialmente cuando deben competir con empresas que disponen de mayores recursos económicos, financieros y administrativos.
En ese sentido, planteó que las compras estatales pueden convertirse en una herramienta para impulsar la economía local y favorecer que los recursos públicos permanezcan en los circuitos productivos de la provincia. “No estoy proponiendo que el Estado gaste más, estoy proponiendo que compre mejor”, afirmó el diputado, al explicar que la contratación de una cooperativa no implica únicamente adquirir un producto o servicio, sino también contribuir al sostenimiento de puestos de trabajo y al movimiento económico de las familias que dependen de esa actividad.
El legislador aclaró que el régimen no plantea contrataciones sin controles, sino que contempla requisitos de regularidad, cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales, transparencia y mecanismos de fiscalización. Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición. El diputado Francisco Monti (LLA) objetó, en primer término, que las modificaciones anunciadas por el miembro informante no hubieran sido expuestas previamente ante el cuerpo, al considerar que los cambios debían formar parte del debate para que todos los legisladores conocieran su alcance. En cuanto al contenido, cuestionó que el proyecto otorgue ventajas a una forma de organización económica en particular, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que también participan de los procedimientos de contratación estatal.
Monti sostuvo que las condiciones previstas podrían generar una desigualdad en la competencia, especialmente por los porcentajes de preferencia establecidos para las cooperativas. Según su interpretación, esos beneficios podrían obligar a otros oferentes a reducir considerablemente sus precios para poder competir, afectando sus márgenes de rentabilidad. “Acá se plantea este proyecto de ley como una suerte de compre catamarqueño, un compre catamarqueño plus, pero en realidad lo que establece es un privilegio a una forma societaria que es el cooperativismo, en detrimento inexorablemente de casi toda la economía de Catamarca”, manifestó.
Luego de la lectura de las modificaciones incorporadas al despacho, el diputado Mamerto Acuña (Generar) también expresó sus reparos. El legislador consideró que la cantidad y el alcance de los cambios introducidos requerían un análisis más profundo y que algunas de las disposiciones podían entrar en conflicto con principios establecidos en la Ley de Administración Financiera. Señaló especialmente la necesidad de preservar la igualdad de oportunidades entre los oferentes y garantizar la mayor concurrencia posible en los procedimientos de contratación estatal. “Estamos desvirtuando una ley que es una ley madre y va a generar muchos inconvenientes en las contrataciones del Estado”, sostuvo, al considerar que las modificaciones debían ser tratadas con mayor profundidad.
*Protección integral de la salud mental*
En tanto, la Cámara convirtió en ley el proyecto de Protección Integral de la Salud Mental, que había obtenido media sanción en Diputados el año pasado y regresó en revisión desde el Senado con modificaciones. La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada mandato cumplido Claudia Palladino, busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. La diputada Ángeles Herr (FT), en su carácter de miembro informante, explicó que los cambios incorporados por la Cámara alta no alteran el espíritu de la propuesta, sino que responden principalmente a adecuaciones institucionales y jurídicas relacionadas con la autoridad de aplicación, los procedimientos y la articulación con las normativas provinciales y nacionales.
Herr recordó que la elaboración del proyecto fue resultado de un proceso de trabajo amplio y multisectorial, que incluyó reuniones durante varios meses con organismos del Ministerio de Salud, áreas especializadas en salud mental y consumos problemáticos, hospitales, equipos interdisciplinarios, colegios profesionales, asociaciones civiles y organizaciones vinculadas al acompañamiento de personas con padecimientos mentales y sus familias.
Uno de los ejes centrales es avanzar hacia un modelo de atención comunitario, interdisciplinario e inclusivo, dejando atrás las prácticas asociadas a la cultura manicomial y promoviendo la autonomía, la recuperación y la integración social. Para ello, la ley contempla el fortalecimiento y la creación de dispositivos comunitarios que permitan brindar respuestas de acuerdo con los distintos niveles de complejidad del sistema sanitario y las características geográficas y epidemiológicas de la provincia. Herr remarcó que el objetivo es garantizar una atención que respete la dignidad humana, las creencias y los valores de las comunidades, evitando situaciones de estigmatización y exclusión.
*Preservación del arbolado histórico de Valle Viejo*
También recibió sanción definitiva el proyecto de ley iniciado por el senador Mario Gershani, que declara Patrimonio Paisajístico, Ambiental y Cultural al arbolado histórico de la avenida Presidente Castillo, en el tramo comprendido entre el Monumento al Aborigen y Punta del Asfalto, en Valle Viejo. La propuesta incorpora, además, un plan integral de forestación y paisaje urbano para el departamento.
La diputada Natalia Ponferrada (FT), encargada de fundamentar la iniciativa, destacó que el arbolado constituye uno de los elementos más representativos de la identidad y la memoria colectiva de Valle Viejo, por su valor ambiental, paisajístico y cultural. Durante su exposición, repasó los antecedentes históricos de esta intervención urbana y recordó que en 1939 el ingeniero agrónomo Ángel González impulsó la plantación de ejemplares de tipa blanca sobre la avenida, en el marco de una planificación que contemplaba el crecimiento futuro del sector.
Ponferrada señaló que los ejemplares existentes tienen aproximadamente 86 años y que, con el paso del tiempo, dejaron de cumplir únicamente una función ambiental para convertirse en parte del paisaje y de la identidad chacarera. En ese sentido, sostuvo que su preservación requiere una política de protección que contemple tanto la conservación de los árboles existentes como la continuidad del corredor verde.
La legisladora también vinculó la propuesta con el crecimiento urbano que experimentó Valle Viejo en los últimos años, a partir de la construcción de nuevos barrios y espacios públicos. En ese marco, mencionó la costanera del Río del Valle como uno de los nuevos corredores recreativos del departamento, cuya integración con el paisaje urbano requiere una planificación ambiental.
*Asistencia a personas en situación de calle*
Durante la sesión también se debatió un proyecto de ley impulsado por la diputada mandato cumplido Silvina Carrizo y el diputado Mamerto Acuña (Generar), que proponía modificar y ampliar la Ley 5812, referida a la creación de centros de contención y reinserción social para personas en situación de calle. La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para obtener media sanción. El objetivo era ampliar el alcance de la legislación vigente, que contemplaba como beneficiarias a personas de entre 18 y 30 años, para extender la asistencia a todas las personas mayores de 18 años que atravesaran esa problemática, independientemente de su edad.
Al fundamentar la propuesta, Acuña consideró que la respuesta estatal debía superar la creación de espacios de alojamiento y avanzar hacia un programa integral que contemplara tanto la atención inmediata como las posibilidades de reinserción social y laboral. El legislador reconoció el trabajo que realizan los equipos de salud, trabajadores sociales, organizaciones sociales, instituciones religiosas, voluntariados y agentes estatales que intervienen en la atención de personas en situación de calle. Sin embargo, sostuvo que era necesario fortalecer los dispositivos existentes, contar con mayor información sobre la problemática y establecer mecanismos para evaluar los resultados de las políticas públicas.
La iniciativa proponía crear un centro de atención integral que brindara asistencia médica, alimentaria, psicológica, jurídica y habitacional transitoria, mediante equipos interdisciplinarios encargados de acompañar cada situación y coordinar las prestaciones necesarias. Acuña explicó que el propósito era evitar que la asistencia quedara reducida a una respuesta temporal y que las personas pudieran recuperar herramientas para reconstruir sus proyectos de vida. El proyecto también contemplaba modificaciones vinculadas al financiamiento de las medidas, mediante la previsión de una partida presupuestaria específica y anual para atender las necesidades derivadas de su implementación.
Desde el oficialismo, el diputado Germán Scolamieri (FT) reconoció la importancia de fortalecer las políticas destinadas a personas en situación de calle, aunque planteó reparos sobre distintos aspectos de la redacción y aplicación de la propuesta. Entre sus observaciones, mencionó las disposiciones relacionadas con la atención de la salud, la detección de adicciones, los tratamientos psicológicos y la conformación de equipos profesionales. Consideró que estas prestaciones requerían una coordinación precisa con el Ministerio de Salud y los organismos correspondientes, además de criterios claros para la selección de los profesionales y la organización de los servicios.
También cuestionó algunos requisitos establecidos para el ingreso de familias con niños, niñas y adolescentes a los centros de contención. Según explicó, las condiciones vinculadas con la escolarización y el cumplimiento del calendario de vacunación podían convertirse en obstáculos para acceder al alojamiento. En ese sentido, sostuvo que el Estado debía acompañar a las familias para garantizar los derechos de las infancias, pero sin establecer exigencias que terminaran condicionando la asistencia.
Otro de los puntos señalados fue la creación de un sistema provincial de seguimiento y monitoreo que reuniría información social y sanitaria de las personas asistidas. Scolamieri advirtió que se trataba de datos personales sensibles, vinculados con la salud, los consumos problemáticos y las situaciones familiares y económicas, por lo que consideró necesario establecer con mayor precisión las condiciones de acceso, confidencialidad y consentimiento. “No alcanza solamente con establecer estas funciones en una ley, también hay que definir cómo se van a llevar adelante, cómo se van a organizar y cómo será la selección de profesionales idóneos”, dijo.
*Reconocimiento a una brigada ambiental escolar*
Finalmente, el cuerpo aprobó un proyecto de declaración presentado por el diputado Damián Brizuela (FT), mediante el cual se declaró de Interés Legislativo, Educativo, Ambiental y Comunitario a la Brigada Ambiental Escolar «Ecosquad», del Centro Educativo N.º 3 «María Emilia Azar», de San Isidro, Valle Viejo.
El reconocimiento destaca el trabajo de los estudiantes en materia de resiliencia climática, promoción del arbolado público con flora nativa y participación juvenil en iniciativas de gobernanza ambiental.
